Ante el incumplimiento de compromisos por parte del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), de entregar a los vecinos de San Juan de Abajo la documentación relacionada con el estado jurídico que guardan las parcelas que conforman la comunidad, un centenar de habitantes del asentamiento marcharon para solicitar al municipio dar atención a los acuerdos derivados de los más recientes desalojos. 

Con la exigencia de ser escuchados por la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, los vecinos se plantaron en la presidencia municipal en la víspera de la celebración del grito de Independencia. 

“Creemos que falta voluntad política, porque dicen que no pueden dar servicios, pero desde hace años hay una calle pavimentada, se pusieron banquetas, se puso drenaje, se pusieron tomas de agua, ¿entonces cómo que no se puede?. Apelamos a que haya un proceso de regularización y que de forma paralela se empiece a dotar de servicios a San Juan de Abajo”, pronunció Félix Ávila, vecino del asentamiento. 

La marcha partió del Arco de la Calzada hacia presidencia municipal, alrededor del mediodía de este lunes. Los contingentes estuvieron conformados por familias enteras de la comunidad, que con pancartas y consignas exigieron a la alcaldesa de León cumplir con su promesa de regularizar y dotar de servicios a la comunidad más grande del sur del municipio.

Durante los dos meses transcurridos desde los más recientes desalojos, en los que las viviendas de cuatro familias fueron demolidas por una orden judicial, habitantes de distintas fracciones de San Juan de Abajo han sostenido reuniones con funcionarios del Imuvi, incluído el director, Luis Miguel Aguirre Aranda, así como con el secretario de Ayuntamiento, Pablo Elizondo Sierra. Entre los acuerdos de estos encuentros, está la entrega por escrito de la situación legal de los predios que conforman el territorio de este asentamiento.

El pasado 8 de septiembre, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos encabezó un evento con la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, en el que fueron entregados 300 documentos de título de propiedad para dar certeza jurídica a familias de las colonias Buenaventura, Ampliación El Carmen, Montañas del Sol, Artículo Cuarto Constitucional, Buenaventura y Paseo de Los Laureles. 

De acuerdo con información proporcionada por el municipio, 93 de los títulos fueron gestionados directamente por el Imuvi, mientras que en 207 se requirió la intervención y gestión del gobierno estatal. 

Juana López, vecina del asentamiento desde hace 28 años, recriminó a la presente administración, encabezada por la alcaldesa panista, por el incumplimiento de la promesa de regularizar San Juan de Abajo en los cuatro años de su gobierno. 

En su tercer informe de gobierno, presentado en septiembre de 2024, Alejandra Gutiérrez Campos —entonces alcaldesa reelecta— incluyó el compromiso de regularizar la comunidad de San Juan de Abajo como parte central de su mensaje. Durante su intervención, reconoció la deuda histórica que el municipio mantiene con esta zona y anunció que su administración había recibido por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la autorización para habilitar un cruce sobre las vías del ferrocarril.

“Cuando ellos van a San Juan no les negamos nuestra presencia ni nuestros votos, lo hacemos para tener también su apoyo, nomás van y les damos el voto, se sientan en la silla poderosa y ya no se acuerdan de nosotros”, reclamó Juana López, quien estuvo presente en la marcha de este lunes. 

La mujer relató ante los medios de comunicación que, desde la dirección de Vinculación del municipio han recibido apoyos como calentadores solares y enseres domésticos que “no bastan” sin que las familias tengan la certeza de sus propiedades. 

“Me llegó un apoyo y lo rechacé, a mí lo que me interesa es que me arreglen lo de mi casa, ayudas para qué, ¿para que vayan y nos tumben las casas? Nos costó mucho sacrificio lo que tenemos, no nos costó 20 pesos, los ejidatarios grandes se están muriendo, quedan los hijos, tenemos miedo que nos tumben las casas como ya hicieron. No pedimos más, es para vivir tranquilos, porque uno ya no duerme tranquilo”, reclamó. 

Una exigencia legítima 

De acuerdo con Félix Ávila, vecino y propietario de inmuebles en San Juan de Abajo, el compromiso de regularizar los predios en la comunidad viene desde 2015, cuando se presentó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) León VI. En este documento, San Juan de Abajo y comunidades como San Juan de Otates, se contemplan como asentamientos urbanos.

Pero a una década de distancia, sólo los habitantes de la comunidad de Otates han visto avances en la dotación de servicios y escrituras de sus propiedades. 

Para Félix Ávila, la regulación de San Juan de Abajo se ha convertido en una pugna política, luego de que en 2023, una docena de familias encabezó una demanda de amparo por el acceso al agua potable, acompañadas por el abogado Juan Pablo Delgado Miranda, quien ha sido en dos ocasiones  contrincante de Alejandra Gutiérrez como candidato a la presidencia municipal de León.

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“Si damos seguimiento puntual a lo que ha sucedido después de esa demanda, verán que hay rechazo hacia nosotros por la situación política que hay entre Juan Pablo Delgado y la alcaldesa. Pero en San Juan hay gente que apoya a Morena, al PAN, a Movimiento Ciudadano, pero esa gente está manifestando algo que es una necesidad, hay mucha necesidad de que se regularice y se dote de servicios”, sentenció Félix Ávila. 

En ese sentido, el vecino advirtió que existe una estigmatización hacia la población del asentamiento que ha desvirtuado la urgencia de la regularización, por lo que exhortó a la alcaldesa a reunirse personalmente con las familias del asentamiento. 

“Quisiéramos que se sentara con nosotros en la mesa la alcaldesa, si está dispuesta nosotros estamos dispuestos, queremos que nos vea, que entienda que no es mala leche política, que es un área de oportunidad, es prioritario y justo que ya se regularice”, concluyó.