Hemos abordado en este espacio la regresión autoritaria en México y Estados Unidos como parte de una tendencia global. Pero también Centroamérica y el Caribe atraviesan un momento de asfixia democrática. Lo confirma el más reciente Análisis trimestral de Libertad de expresión en la región (abril-junio 2025), el cual establece que los gobiernos consolidan estrategias para silenciar la crítica más allá de su filiación ideológica. La persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos es un patrón regional.

En El Salvador, el dictador Nayib Bukele ha hecho de la concentración del poder un modelo “exportable”. Su segundo mandato, ilegal bajo la propia Constitución salvadoreña, arrancó con una ofensiva contra la prensa independiente. La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros busca ahogar financieramente a medios críticos y criminalizar a organizaciones de la sociedad civil. Comenzó esta gestión con la criminalización de movimientos sociales y de organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal. Sólo en mayo pasado, 40 periodistas salieron al exilio. El Faro, uno de los principales medios de investigación de la región, enfrenta amenazas de órdenes de captura. La razón es que exhibieron entrevistas de líderes pandilleros que confirman negociaciones políticas con el bukelismo. Las cifras hablan solas, las agresiones contra la prensa se duplicaron en el trimestre. El Estado salvadoreño ya no es un árbitro, sino el verdugo.

El panorama en Nicaragua confirma la deriva autoritaria de otra dictadura, la de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En tres años han cancelado cinco mil 441 organizaciones civiles, confiscado sus bienes y despojado de la nacionalidad a decenas de voces críticas. El régimen incluso decidió retirarse del ACNUR y la UNESCO como represalia por sus informes. La represión es total, no hay margen para disidencia. Periodistas sobreviven en el exilio, convertidos en apátridas. Sin embargo, el periodismo resiste. Reporteros Sin Fronteras documenta que 26 medios nicaragüenses en el exilio alcanzan 1.58 millones de visitantes únicos, prueba de que ni la censura más brutal consigue apagar la necesidad de verdad.

Guatemala ofrece un panorama complejo. Mientras el Gobierno de Bernardo Arévalo goza de legitimidad democrática, su poder se encuentra diluido por la operación de una Fiscalía General y Poder Judicial corruptos y en clave de persecución política. Vaya, ni el partido de Arévalo, Semilla, ha sobrevido a la manipulación de la ley por parte del llamado “Pacto de Corruptos”. Por su parte, el encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora sigue siendo el caso paradigmático de un sistema de justicia usado para castigar la crítica. A ello se suman campañas de desprestigio contra Prensa Comunitaria y amenazas a reporteros locales. Los defensores socioambientales enfrentan un escenario aún más letal. Los asesinatos de Marco Antonio Zuleta y Misael Mata muestran cómo la defensa de la tierra, y el agua se paga con la vida.

En Honduras, la narrativa oficial del Gobierno de Xiomara Castro llegó al extremo de llamar “enemigos del Estado” a los periodistas críticos. Entre mayo y junio, la violencia fue brutal. Se documentó el asesinato de Javier Hércules Salinas, la tortura contra Frank Mejía y ataques a comunicadores de Televicentro, confirmando un clima de hostilidad sistemática contra las voces críticas. La estigmatización desde el poder es una luz verde para la violencia.

Cuba, por su parte, vive atrapada entre la pobreza y la censura. Protestas bajo la consigna “¡Corriente y comida!” recorrieron Bayamo y Santiago, mientras la Universidad de La Habana criticó el aumento de tarifas de internet por atentar contra el derecho a la comunicación. La respuesta oficial fue de cinismo: la Ministra de Trabajo llegó a afirmar que “en Cuba no hay mendigos”. Al mismo tiempo, periodistas como Camila Acosta continúan bajo vigilancia policial permanente.

El hilo conductor es evidente: hostigamiento judicial, criminalización, censura digital, exilio forzado y violencia física. Los gobiernos de la región parecen competir por quién logra sofocar más la crítica. En este mapa, Bukele representa la cara más peligrosa: autoritarismo con aprobación popular. El “modelo salvadoreño” exporta la idea de que la seguridad justifica el atropello de las libertades. Lo que se normaliza en San Salvador se convierte en licencia para otros gobernantes.

El informe en cuestión no sólo ofrece diagnósticos; traza alertas. Si se desmantelan las organizaciones civiles, si se ahoga a la prensa con leyes de “agentes extranjeros”, si se persigue judicialmente a periodistas y activistas, o se les obliga al exilio, lo que se erosiona no es una corporación mediática ni una ONG, sino la posibilidad misma de sociedades democráticas.

La región está en una encrucijada. O se consolida la normalización autoritaria bajo disfraces legales, o se construye una resistencia capaz de defender la palabra libre a nivel transnacional. En medio de este panorama, las voces críticas —desde los periodistas exiliados hasta las comunidades que arriesgan su vida en la protesta— demuestran que aún hay espacio para la esperanza.

El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus cómplices, la única respuesta posible es la resistencia con inteligencia y decisión.