La reforma judicial del estado de Guanajuato, aprobada en junio pasado por el Congreso local, ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por diversas instancias: la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la bancada de Morena en el Congreso local y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre los artículos impugnados por Morena, grupo parlamentario que votó a favor la reforma constitucional, se encuentra la disposición de conservar los exámenes de oposición para poder aspirar a los órganos jurisdiccionales, por la cual, antes de ir a elección, las personas interesadas en las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o que pretendan convertirse en juzgadoras, tienen que pasar por evaluaciones para que lleguen a la boleta las que obtengan el mejor puntaje.

Se trata de la fracción XIII del artículo 92 de la Constitución de Guanajuato, en el que se señala que tendrá que ser en la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se establezcan los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a un cargo en la elección de 2027. 

"Los requisitos que deberán cumplir aspirantes o personas magistradas, y personas juzgadoras; el proceso de selección mediante concursos de oposición para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género, garantizando que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo", dice la fracción impugnada, de donde se destaca la obligación que tendrán las personas aspirantes de cumplir con los exámenes de oposición.

Los artículos señalados en el recurso por diputadas y diputados locales de Morena son muy similares a los presentados por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, y se suman a los dos señalados en su recurso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los 11 diputados y diputadas que integran la bancada de Morena en el Legislativo de Guanajuato decidieron presentar la controversia constitucional, a pesar de que sumaron sus votos para que la reforma saliera por unanimidad.

"No nos dimos cuenta de cómo venía, también estamos rectificando. Aunque la votamos a favor, no detectamos muy bien, por eso estamos haciendo esto", dijo Ricardo Ferro Baeza, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, al ser cuestionado sobre la aprobación en el Pleno el pasado 26 de junio.

Aunque el coordinador rechazó que el Gobierno Federal haya dado "línea" a la bancada para promover la controversia constitucional ante la SCJN, los artículos impugnados por el grupo parlamentario son prácticamente los mismos que cita la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo federal en su recurso.

"La acción de inconstitucionalidad no surge por una negociación política ni porque 'les hayan llamado la atención'; es un mecanismo legal y constitucional que tienen ciertos actores —como una tercera parte de los diputados locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, partidos políticos o la Fiscalía General— para impugnar leyes o reformas que consideren contrarias a la Constitución", dice Morena en una ficha compartida a POPLab.

Sin embargo, al cuestionar a legisladores integrantes de la bancada sobre el recurso que promovieron, reconocieron no tener los detalles, aunque su firma aparece en los documentos que tiene que resolver ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Morena sí participó en la aprobación en lo general porque la reforma coincidía en su mayoría con el nuevo diseño federal del Poder Judicial. Posteriormente, al revisar el decreto publicado, detectaron que varios artículos se apartaban del marco constitucional federal, vulneraban derechos o distorsionaban el sentido original de la reforma, por esa razón, y en uso de su facultad constitucional, decidieron presentar la acción de inconstitucionalidad", agrega la postura oficial del grupo parlamentario.

En el caso de la CNDH, promueve un recurso porque el Congreso de Guanajuato aprobó en su reforma el obligar a magistradas y magistrados a dejar el cargo al cumplir 75 años, disposición que fue considerada como una violación a los derechos de las personas que lleguen a la magistratura.

Aspectos impugnados

Las impugnaciones se centran en diversas disposiciones de la reforma que, según los promoventes, vulneran principios constitucionales de independencia judicial, división de poderes y derechos humanos. Entre los principales argumentos presentados se encuentran los siguientes:

Intervención del Congreso del Estado para autorizar o rechazar solicitudes de licencia por más de seis meses o renuncias de personas magistradas, juzgadoras e integrantes del Órgano de Administración Judicial.

Facultades excesivas al Órgano de Administración Judicial, incluyendo la determinación del ingreso, permanencia, formación, promoción, evaluación y separación del personal judicial y administrativo, lo cual podría poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial.

La posibilidad de que el Órgano de Administración Judicial pueda crear o suprimir plazas, así como modificar el número de juzgadores, su competencia territorial y su especialización por materias, lo que podría derivar en decisiones discrecionales o arbitrarias.

Establecimiento de requisitos en ley secundaria (Ley Orgánica del Poder Judicial) para personas aspirantes y actuales integrantes del Poder Judicial, en lugar de estar definidos por la Constitución del Estado.

Inclusión en la Ley Orgánica de un proceso de selección mediante concursos de oposición, con enfoque de paridad de género, pero sin una base constitucional sólida, según los impugnantes.

Requisitos considerados excesivos para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que además tiene la facultad de evaluar el desempeño de magistraturas y jueces durante su primer año, con base en métodos y criterios establecidos en la misma Ley Orgánica.

Establecimiento del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia como segunda instancia para las resoluciones del Tribunal de Disciplina, lo cual ha sido cuestionado por su posible conflicto de interés.

Exigencia de residencia en Guanajuato por los últimos cinco años como requisito para aspirar a una magistratura, considerada una restricción desproporcionada.

Límite de edad de 75 años para ejercer el cargo de magistrado o magistrada, lo cual, según los promoventes, podría constituir una medida discriminatoria.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la bancada de Morena en el Congreso de Guanajuato y la CNDH señalan que la reforma aprobada por legisladores guanajuatenses contraviene las disposiciones que establecieron en el Congreso de la Unión en la Constitución Federal.

Sin avances en reformas a leyes secundarias pese a plazos

En medio de la incertidumbre por la resolución de los recursos de impugnación promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Congreso de Guanajuato no hay iniciativas de reforma a las leyes secundarias relacionadas con el nuevo modelo de elección de jueces y magistrados. Este proceso impactará directamente en al menos dos normativas: la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A pesar de que el plazo establecido por el Congreso de la Unión para que las entidades armonicen sus legislaciones en materia judicial vence en febrero de 2026, aún no se han presentado propuestas por parte de ninguna fuerza política ni de los poderes Ejecutivo o Judicial del estado.

El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, explicó que aunque el plazo establecido por los legisladores federales vence en febrero, todavía tienen hasta el 1 de junio de 2026 para que las reformas puedan ser aplicables en la elección de 2027.

Romero Hicks detalló que las reformas deberán centrarse principalmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Electoral del Estado, ya que serán las encargadas de regular el proceso de selección de jueces y magistrados a nivel local.

El legislador reveló que el PAN ya trabaja en una propuesta, aunque evitó ofrecer detalles, y recordó que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen facultades para presentar sus propias iniciativas.

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz, confió en que se mantenga el cronograma para la elección judicial, al señalar que todavía hay tiempo para hacer las adecuaciones a la norma estatal.

Tinajero Muñoz señaló que en caso de que el Congreso local no haga las reformas en materia electoral en tiempo, la reforma federal establece que debe regirse la elección con las reglas establecidas en las normas federales.

"Hay una cláusula que trae la Constitución Federal que refiere que, en caso de no adecuarse las normas locales, se aplica la Constitución Federal en directo, de manera que o se armoniza en el estado o se aplica la norma federal. Lo deseable es que se armonice", finalizó.