La falta de regularización del asentamiento de San Juan de Abajo deja a sus habitantes inermes a los desalojos y la carencia de servicios públicos pese al compromiso de campaña de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, cuya administración ha enfocado sus recursos económicos en la compra de un predio de 200 millones de pesos para construir un parque urbano a 2 kilómetros de la zona.  

El más reciente desalojo de ocho familias que vieron completamente destruidas sus viviendas, derivado de un supuesto conflicto entre particulares, puso otra vez en el ojo público una problemática que engloba la falta de certeza jurídica y desprotección que han padecido los habitantes de este asentamiento desde hace cuatro décadas.

“El hecho de postergar indefinidamente el inicio del proceso de regularización en San Juan de Abajo genera una responsabilidad a las autoridades en el sentido de entender que la regularización de un predio también es una manera de garantizar el derecho a la vivienda”, advirtió el abogado y activista Juan Pablo Delgado, quien asesora a las personas afectadas por los desalojos.

Miles de familias, que en distintas etapas adquirieron terrenos dentro de predios ejidales y que fueron pagando en parcialidades, han visto pasar a presidentes municipales y a sus administraciones con una promesa: darles acceso a las escrituras de sus viviendas, y con ello, a servicios públicos como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. La mayoría de los propietarios cuenta únicamente con contratos de compra venta y recibos o pagarés que acreditan su propiedad. 

Este lunes 14 de julio cerca del mediodía, una actuaria del Poder Judicial acompañada por elementos de la Policía Municipal, encabezó el desalojo de ocho viviendas edificadas dentro de la fracción San Joaquín de la comunidad de San Juan de Abajo. 

Pese a que los propietarios de las viviendas no se encontraban en el lugar, un grupo de sujetos ingresó a los inmuebles para sacar las pertenencias de sus habitantes a la calle. Posteriormente, seis viviendas fueron demolidas por una retroexcavadora mientras los vecinos intentaban comunicarse con las personas afectadas, quienes se encontraban cumpliendo con sus jornadas laborales. 

Los despojos quedaron registrados en redes sociales gracias a las transmisiones y videos difundidos en plataformas como Facebook por los propios vecinos. 

“La gente que vive aquí con tanto sacrificio compra un bulto de cemento, sus tabiques al pasito, para que lleguen de repente así. El muchacho de la casita de allá acababa de sacar un préstamo de cien mil pesos para poder fincar, apenas había terminado sus cuartos y no tenía ni veinte días de haberse venido, yo creo que la gente que se viene a vivir aquí es por necesidad, no por estar cómodamente”, declaró Rosa, vecina que atestiguo los desalojos. 

El compromiso de la regularización de San Juan de Abajo formó parte del discurso del tercer informe de gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos presentado en septiembre de 2024. En aquel momento como alcaldesa reelecta, la presidenta habló de la deuda histórica del municipio con la comunidad y anunció la autorización de un permiso para el cruce de las vías del ferrocarril otorgado a su administración por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

“Hoy es imposible cruzar la vía del tren y es una vida bien compleja estar completamente aislado, porque ese cruce nos va permitir avanzar de manera muy rápida en la regularización. Esa va a ser la diferencia en las personas que más nos necesitan, ya estamos listos para cambiar la vida de esa zona”, anunció la edil durante el informe presentado en el Teatro del Bicentenario el pasado 27 de septiembre. 

Pero a diez meses del anuncio, los esfuerzos por dignificar a las familias de las comunidades del sur de la ciudad, se han enfocado en el proyecto del Parque Metropolitano Sur, por el cual el ayuntamiento anterior aprobó un presupuesto de 212 millones de pesos sólo para la adquisición de un predio de 20 hectáreas.

"Según ahorita que va a hacer un parque, acá no beneficia en nada porque ni siquiera está cerca de San Juan de Abajo, incluso nos va a hacer salir más lejos, van a clausurar por el puente Delta aquí no hay agua, no hay drenaje. Primero quiere hacer su paso en San Pedro y su parque, ¿hasta cuándo van a escriturar aquí? Allá sí le va a meter millones y millones", declaró Estela, vecina de la fracción San Joaquín.

Una falla estructural

Aquel lunes, luego de que la noticia de los desalojos circuló en distintos medios locales, el municipio compartió un comunicado en el que atribuyó el desalojo al cumplimiento de una resolución judicial derivada de “un conflicto entre particulares”.

La indignación y la falta de una respuesta de las autoridades involucradas, llevó a cientos de vecinos a bloquear el tramo de la carretera federal 45D que rodea a la comunidad durante la tarde noche del martes. En respuesta, desde el Instituto Municipal de la Vivienda, el municipio convocó a los vecinos afectados y a otros habitantes de la fracción de San Joaquín. 

Sin embargo, el ofrecimiento se limitó a apoyos de programas sociales como despensas, ropa y acceso a un albergue del DIF para sustituir la pérdida de sus hogares. 

“La autoridad municipal no está realizando acciones legales para desalojar a las familias asentadas en esa zona”, se negó en el comunicado. 

Pero para Juan Pablo Delgado Miranda, desde el Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi), las distintas administraciones han sido omisas en regularizar la situación de los habitantes de aquella comunidad.

“Ésto no es una situación nueva, que San Juan de Abajo es una comunidad, que está consolidada hace muchísimo tiempo, que se ha analizado una y otra y otra vez el caso de su regularización y el proceso no ha iniciado. El hecho de empujarlo indefinidamente para mí genera responsabilidad. tanto el instituto como al ayuntamiento, porque el proceso de regularización inicia con un acuerdo de ayuntamiento”, declaró en entrevista para *POPLab*. 

Delgado Miranda advirtió que la problemática de incertidumbre que atraviesa San Juan de Abajo y otras colonias dentro de la mancha urbana de León, responde a una falla estructural de los distintos entes del Estado que no han garantizado el derecho al acceso a una vivienda asequible. 

“Hay muchas casas sin gente y mucha gente sin casa, porque son caras. Sucede que las personas no se van a vivir a una casa, sino que van a comprar un terreno en donde les alcance. Y ese es el caso de San Juan de Abajo, y en la medida en que tú, Estado, no inicias el proceso de regularización, estas personas van a seguir en este contexto de incertidumbre”, advirtió. 

En noviembre de 2023, una decena de familias asesoradas por Juan Pablo Delgado, presentaron una demanda de amparo contra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), luego de que el organismo se ha negado a proveer este servicio en la comunidad con el argumento de la falta de certeza jurídica de las viviendas. Pese a las órdenes judiciales, el Sapal se ha limitado a proveer de agua a las familias amparadas mediante pipas, mientras ha presentado recursos de revisión para evadir una sentencia. 

Colectivo artístico exige garantizar derecho a la vivienda en Miércoles Ciudadano

En una intervención durante el espacio conocido como Miércoles Ciudadano, en el patio de la Presidencia Municipal de León, integrantes del Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo, conocido internacionalmente por su acompañamiento en procesos artísticos y culturales en la comunidad San Juan de Abajo, exigieron a la presidenta Alejandra Gutiérrez y a su administración asumir su responsabilidad en la incertidumbre que afecta a los habitantes de zona. 

Con un megáfono, la artista escénica y dramaturga Sara Pinedo, leyó un posicionamiento en el que instaron al municipio a cumplir el Artículo 4to Constitucional en el que versa la obligación del Estado para “garantizar el derecho a una vivienda digna y decorosa”, así como a establecer los instrumentos y apoyos necesarios para que la ciudadanía alcance tal objetivo.

“Así como acompañó con seguridad pública a los actuarios y máquinas que destruyeron el patrimonio de hasta 20 años de vida y trabajo, también acompañe de manera urgente e integral a la otra parte afectada: las familias desalojadas, entre ellas niñeces, adolescencias y personas adultas mayores”, pronunció Pinedo. 

En la lectura, la artista reiteró que las familias de San Juan de Abajo “no son paracaidistas”, pues pagaron por los terrenos que habitan y cuentan con comprobantes de ellos, documentos que son su única garantía “mientras no se dé cumplimiento al proceso de regularización que fue un compromiso de campaña” de Alejandra Gutiérrez. 

“Alcaldesa, municipio, si no garantizas, si no regularizas, eres parte del problema”, sentenció Pinedo. 

La incertidumbre

A decir de los vecinos que atestiguaron los desalojos, apenas vieron llegar a los policías con jóvenes aparentemente internos de un anexo que cubrían sus manos con guantes, pensaron que se trataba de una brigada de madres buscadoras. Cuando la actuaria comenzó a llamar a las puertas, quedó claro que se trataba de un desalojo. 

“Se bajaron los muchachos de la camioneta, llegaron las patrullas y en una casa sólo estaba un niño, le dijeron que si se podía salir y empezaron a sacar sus cosas, estábamos todos aquí viendo”, relató Estela, al recordar el momento de la intervención judicial. 

Para José, uno de los afectados, no hubo ninguna advertencia de lo que vendría. Hace apenas un par de años obtuvo un apoyo del Imuvi desde el programa “Techo Digno” para realizar un colado en su vivienda. 

“Nosotros pagamos por el terreno arriba de 40 mil pesos, hace más de diez años, ya estaba bien fincado, en un tiempo como estos de lluvia se me cayó el techo e Imuvi me apoyó con el techo digno y ahí están las cosas, de la noche a la mañana nos derrumban nuestro patrimonio, mis hijos regados por un lado, yo por otro, yo nada más pido lo justo”, recordó. 

Para quienes perdieron su patrimonio sin ninguna explicación, pero también para quienes observaron la intervención que concluyó con seis viviendas en ruinas, no hay otra sensación más que la zozobra. Incluso, el salir de sus casas para ir a la tienda, les provoca desasosiego por ser víctimas de desalojo.