La iniciativa de presidencia para aumentar el impuesto a los refrescos responde a la evidencia científica y a las recomendaciones internacionales para bajar el consumo de este producto, que cada año, en México, es responsable de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el impuesto es muy débil para cumplir el propósito de bajar el consumo de este producto de manera que pueda tener un efecto importante, las propias refresqueras han aumentado el precio del producto, muy por encima de estos impuestos en varias ocasiones. El hecho de que sea tan débil el impuesto es el resultado de las presiones de la mayor refresquera del país. Como se sabe, hay un enfrentamiento entre los intereses de la salud pública y los de las corporaciones refresqueras, entre el objetivo de bajar el consumo de estos productos y quienes buscan aumentarlo. La recomendación internacional es que al menos el impuesto debería llegar al 20 por ciento del costo del refresco en el mercado.

No sólo la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el impuesto a este producto como la medida más efectiva, lo han hecho también el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico porque saben bien, estos organismos financieros, que no hay recursos públicos para enfrentar los daños en salud que está provocando el consumo de estas bebidas. Y la OMS es clara al advertir que la alternativa que presentan las refresqueras para cambiar a bebidas con edulcorantes no calóricos no tiene impacto en la reducción de sobrepeso, obesidad y diabetes y que estos compuestos presentan riesgos reconocidos y otros todavía no evaluados.

Como explicamos, México se encuentra entre los países con mayor consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial, consumo que está relacionado, repetimos, con más de 230 mil nuevos casos anuales de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Asimismo, es preocupante que este consumo inicie desde etapas tempranas y que actualmente proyecte un incremento acelerado en la población infantil en donde 9 de cada 10 niños y niñas consume estos productos de manera regular, calculándose que uno de cada dos va a desarrollar diabetes con el actual consumo de refrescos y ultraprocesados. En este contexto, el incremento del impuesto a bebidas azucaradas y con edulcorantes basado en las recomendaciones internacionales debe ser considerada como una estrategia prioritaria de salud pública. Sin embargo, este debe ser suficiente.

Cabe señalar que en México ya existe un impuesto a las bebidas azucaradas, implementado desde 2014, el cual inició con un monto de 1 peso por litro, equivalente en ese entonces al 10 por ciento del valor del producto. La reciente propuesta aprobada para aumentar el IEPS de 1.64 a 3.08 pesos por litro apenas equivale a un 13 por ciento del precio final. Es decir, a lo largo de una década, el impuesto sólo habría aumentado 3 puntos porcentuales, pasando del 10 por ciento inicial al 13 por ciento, lo cual sigue estando muy por debajo del 20 por ciento recomendado por organismos internacionales para lograr un efecto significativo en la reducción del consumo.

Aunque México fue pionero a nivel internacional al implementar el impuesto a las bebidas azucaradas en 2014 —sirviendo como referente para decenas de países— en la actualidad, de los más de 80 países que han adoptado este tipo de medida, nuestro país se encuentra en la cola, con uno de los niveles más bajos de impuesto.

Por otro lado, a pesar de reconocer la importancia que tiene la inclusión de las bebidas con edulcorantes no calóricos dentro del IEPS, al haber quedado en 1.5 pesos por litro —tasa inferior al impuesto aplicado a las bebidas con azúcares añadidos— podría incentivar el consumo de estos productos, a pesar de la creciente evidencia científica que señala posibles riesgos para la salud asociados a su ingesta. Se está apostando a una ruleta rusa, ¿cuántos edulcorantes están prohibidos en unas regiones del mundo?, ¿cuántos han salido del mercado, de cuántos se advierten riesgos? Con los refrescos con edulcorantes pasa lo mismo que con los vapeadores, la industria refresquera, como la tabacalera, busca otros productos para mantener sus ganancias y la adicción a sus productos desde muy temprana edad. 

Preocupa especialmente que esta medida promueva la sustitución de bebidas azucaradas por versiones reformuladas con edulcorantes u otros ingredientes no deseables, en un contexto en el que la industria refresquera ha anunciado su colaboración con autoridades, lo cual está abriendo la puerta a esquemas de influencia indebida dentro del gobierno. Esta preocupación se acentúa al considerar el historial de oposición de esta industria a diversas políticas de salud pública que afectan sus intereses económicos, como ha ocurrido en los casos de las regulaciones en entornos escolares, la publicidad dirigida a la infancia, el etiquetado frontal de advertencia y, desde luego, el impuesto implementado en 2014.

Las autoridades se deben mantener firmes ante las presiones, el cabildeo y las campañas sucias de estas corporaciones, deben priorizar la salud y no entrar en la narrativa de que ellas también son parte de la solución, una estrategia que le amarra las manos a la política de salud pública, como ha sido señalado por los organismos internacionales. La política no puede ser diseñada con quienes tienen conflicto de interés, como se hizo durante la administración de Peña Nieto, conocemos los resultados. 

Sin voluntad política, sin una priorización radical de la salud pública sobre los intereses corporativos, no saldremos de la emergencia epidemiológica que vivimos por obesidad y diabetes, profundamente relacionadas con el consumo de refrescos, situación que afecta gravemente a la población, especialmente a niños y niñas, lo cual no debería ser negociable.

Por último, una nota a la tomada de pelo que Coca-Cola realizó en presencia de la propia Secretaría de Salud, al mencionar que se comprometen a no usar a niños, niñas y menores en su publicidad. Este compromiso es absurdo, no está permitido en la ley. La ley va mucho más allá de eso, establece que no pueden utilizar elementos atractivos a la infancia en su publicidad, en especial, personajes, y continúan con sus Caravanas Navideñas, con Santa Claus promocionando sus bebidas y todos los elementos de Navidad capturados para la publicidad de su producto.

En conclusión, dentro del gobierno y por parte de la presidencia, vino una fuerte resistencia a la pretensión de las refresqueras de retirar la propuesta de aumentar el IEPS a los refrescos, a que se le retirara el IEPS a las bebidas con edulcorantes no calóricos, y hay que reconocer esa resistencia. Sin embargo, hay que señalar, con base en la evidencia científica, que un impuesto del 13 por ciento no es suficiente, no alcanza el mínimo recomendado, no tendrá los efectos deseados, se mantendrá una tendencia negativa en las emergencias epidemiológicas que vivimos. 

Hace unas semanas, mientras se presentaba el paquete fiscal en México, un país con 1.4 mil millones de habitantes, la India, con un problema mucho menor de daños en salud por bebidas azucaradas, estableció un impuesto de 40 por ciento a estos productos. La industria refresquera está creciendo allá a un ritmo mayor a seis por ciento y eso es visto por las autoridades de salud como una amenaza a la salud pública. En ese inmenso país, se ha realizado una reforma fiscal dirigida a enfrentar las desigualdades sociales. Los productos esenciales quedan exentos o tributan al cinco por ciento, la mayoría de bienes y servicios se gravan al 18 por ciento, y un nuevo tipo del 40 por ciento se reserva para los artículos considerados nocivos o de lujo, que incluye a las bebidas azucaradas. 

Si se sigue negociando con la industria, si se sigue haciendo lo mismo, sin duda, no tendremos resultados diferentes.

Y bueno, sigan ustedes, queridos lectores y audiencia de SinEmbargo, testimoniando las campañas de bots, y trolls desde cuentas anónimas muy bien financiadas, ¿por quién?, en contra de quienes promovemos estas políticas basados en la evidencia y las recomendaciones internacionales.