Mediante una estrategia jurídica que incluye dos amparos, los residentes de San Juan de Abajo buscarán no solo la restitución de los terrenos de los que fueron desalojadas diez familias el 14 de julio, sino también presionar al IMUVI y al Ayuntamiento de León para que regularicen las propiedades que miles de familias han construido con esfuerzo a lo largo de cuatro décadas.

Los habitantes de San Juan de Abajo exigen las escrituras de sus propiedades, lo que les permitiría acceder a servicios básicos como el agua potable. Ante la falta de avances, el conflicto ha escalado a la vía judicial.

 Por otro lado, los vecinos denuncian que la respuesta del Instituto Municipal de la Vivienda de León ha sido insuficiente tras los recientes desalojos. Aunque la institución ha proporcionado despensas, colchones y la promesa de un subsidio para rentar viviendas temporales, los afectados consideran que estas medidas no resuelven su situación.

“En redes he visto que les van a apoyar con rentas, pero por cuánto tiempo, no creo que el suficiente para que ellos se vuelvan a hacer de un patrimonio, creo que esos apoyos son para calmar las aguas, para que la gente de San Juan se mantenga quieta”, reprochó Edith Fabiola, vecina del polígono. 

La primera demanda fue presentada por tres personas afectadas por la demolición de sus viviendas, e incluye al Juzgado de Partido que ordenó la diligencia de desalojo que dejó una decena de familias desprotegidas, así como a la Secretaría de Seguridad y Paz y a la Secretaría de Seguridad Pública de León, por ser partícipes en su ejecución. 

De acuerdo con el abogado Juan Pablo Delgado Miranda, que acompaña a los afectados con la estrategia jurídica, la demanda fue radicada en el Juzgado Tercero de Distrito y pide la suspensión de la diligencia para que las familias retomen la posesión de los predios. También solicita que se les dote una vivienda sustituta a quienes perdieron la propia por demolición, así como el acceso al expediente judicial. 

Asimismo, explicó que los estándares internacionales en materia de desalojos forzosos mandatan que las personas tienen que ser escuchadas, tomadas en cuenta, ofrecerles alternativas y tener acceso al expediente judicial que concluyó en el desalojo. 

“Conforme a los testimonios que hemos recabado, a nadie se le avisó que eso era un problema hasta el momento en el que se presentó la diligencia, en consecuencia, se trata de una violación a sus garantías judiciales”, explicó Delgado Miranda.

Para Delgado Miranda, los constantes desalojos que han tenido lugar en el polígono, son consecuencia de la falta de certeza que corresponde otorgar al Ayuntamiento a través del IMUVI. De acuerdo con información pública, el IMUVI ha tenido un declive en la cantidad de escrituras entregadas a habitantes de distintos polígonos que fueron considerados “irregulares”. De 3 mil 200 escrituras entregadas durante el trienio de Bárbara Botello, entre 2012 y 2015, en seis años de administración de Héctor López Santillana, fueron entregadas sólo 3500. 

Por ello, se presentó una segunda demanda de amparo, suscrita por 45 familias de San Juan de Abajo contra el Ayuntamiento de León y el Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), con el fin de una orden judicial que obligue a dichas autoridades a dar certeza jurídica a sus viviendas. 

“Presentamos algunos indicios en la demanda respecto a la regresividad de derechos. Una de las maneras más objetivas de medir a la administración es por medio de indicadores, y una manera de hacerlo es conocer cuántas escrituras ha entregado el IMUVI administración tras administración”, declaró Delgado Miranda. 

En ese sentido, el abogado explicó que de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en principio de regresividad de derechos, “si la autoridad falló en ofrecer una política de vivienda adecuada, tiene que actuar para darle certeza jurídica” a los predios que las personas pudieron adquirir. 

Este jueves, en la primera sesión de ayuntamiento tras el desalojo, el asunto de San Juan de Abajo apenas fue abordado en la discusión. La única referencia a la problemática se hizo en el punto de asuntos generales, cuando la regidora morenista Vanessa Montes de Oca solicitó someter a análisis la viabilidad de dos predios propiedad del municipio para ser utilizados por el programa federal Vivienda del Bienestar.

“Creo que es muy importante estar insistiendo en este programa, porque necesitamos que llegue la vivienda digna para las familias que más lo necesitan. Vimos todos en los medios de comunicación la terrible situación que están viviendo los vecinos de San Juan de Abajo, que no tienen un lugar dónde estar ni dónde vivir”, apuntó.  

Cuestionada por POPLab, la regidora del Partido Verde, Norma Patricia López Zúñiga, manifestó que ni desde la Secretaría del Ayuntamiento ni del IMUVI se ha informado a los ediles del seguimiento que se ha dado a las familias afectadas. La regidora advirtió que, independientemente de tratarse de un asunto entre particulares, la reacción del municipio llegó de manera tardía. 

“Al momento en que se convierte en una problemática social, no debemos dejar de lado el acercarnos, considerando las condiciones de las familias y las carencias que durante muchos años han tenido, sobre todo porque el municipio ha manifestado que hay un proyecto integral en esa zona”, declaró.

Predio no es proclive a desarrollo: IMUVI

En una declaración a medios de comunicación durante el miércoles ciudadano, el titular del IMUVI, Luis Miguel Aguirre Aranda, sostuvo que el predio afectado por la diligencia de desalojo “es un inmueble aledaño a San Juan de Abajo”, por lo que “no es proclive a que se haga un desarrollo ni forma parte de lo que se está regularizando”. 

El funcionario insistió en actualmente, el municipio está dotando al menos a 8 personas afectadas por los desalojos de un esquema que consta de asesoría legal, servicios de salud y educativos. Asimismo, adelantó que será en una sesión de consejo del IMUVI donde se solicitará suficiencia presupuestal para dar un subsidio a las familias interesadas en rentar una vivienda temporal, aunque advirtió que sería en zonas “fuera de San Juan de Abajo”.

“El apoyo sería para todas las familias, pero no todas quisieron tener acercamiento, como ustedes vieron hubo grupos políticos que se acercaron con ciertas intenciones en específico y ahorita ya se están percatando de que lo que se les dijo no es posible llegar a realizarlo o les va a costar más, eso han dicho las mismas personas, que les solicitaron dinero para llevarles a cabo un procedimiento judicial”, declaró Aguirre Aranda al alertar que existen grupos que han intentado lucrar con el caso de San Juan de Abajo. 

Al respecto, Juan Pablo Delgado advirtió que se trata de una persona identificada como Carlos López Aguado, integrante del equipo de trabajo del exdiputado morenista Enrique Alba Martínez. Este medio pudo constatar con vecinos del polígono que el político morenista ha buscado tener contacto con las familias afectadas con el ofrecimiento de una asesoría jurídica. 

En torno a las declaraciones del titular del IMUVI, Juan Pablo Delgado, recriminó la actitud “punitivsta” de la administración municipal, y sentenció que desde el derecho internacional, la existencia de asentamientos informales es considerada una violación sistemática de derechos humanos.

“El hecho de decir que algunos no son susceptibles de regularización o que no son susceptibles del acceso a servicios, termina por castigar la acción de irse a vivir a ese espacio, desconociendo que el causante de esa realidad, porque no es una decisión ni es una elección de las personas, es precisamente la autoridad que no ha generado una vivienda digna y asequible”, declaró a POPLab.

Apoyo insuficiente

Edith Fabiola es la cabeza de una de las 45 familias que suscribieron la demanda de amparo por la regularización de San Juan de Abajo. El impulso para demandar al Ayuntamiento y al IMUVI, dice, surge de la zozobra que les ha generado el desalojo de sus vecinos. 

“Somos varias familias que entramos a la demanda, tres de las familias afectadas y varias más que por el momento no fuimos desalojadas, pero sí estamos con el pensamiento de que cuándo nos toca, con la preocupación de si mañana soy yo el desalojado”, declaró a POPLab. 

Para Fabiola, que lleva más de una década habitando dentro del polígono de San Juan de Abajo, el apoyo que ha ofrecido el IMUVI a las víctimas del desalojo es “simplemente insuficiente”.

“De qué les sirve un colchón, pero si ahorita están quedándose con algún familiar, les falta espacio, están todos apilados con sus muebles, más bien sería que les resolvieran la situación de un hogar, porque con mucho sacrificio se hicieron con lo que tenían y en un instante se los quitaron”.